Por fallas del sistema judicial, por insuficiencias o por un desempeño erróneo fueron condenados de manera injusta y, varios de ellos, hoy siguen presos. Investigaciones plagadas de irregularidades y el rol central de la Corte Suprema en cada caso, dignos de inspirar una nueva ficción. ¿Querés conocer sus historias?
Suena a ficción, claro. Pero la historia que conmocionó a todos en la miniserie “Así nos ven” es real y relata lo que vivieron “Los cinco del Central Park”: cinco adolescentes de Harlem, Estados Unidos, a quienes condenaron por una violación que no cometieron. Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise eran inocentes y su proceso estuvo viciado de racismo. La miniserie de Netflix dirigida por Ava DuVernay buscó mostrar quiénes fueron y quiénes son hoy esos jóvenes víctimas del abuso policial.
“La difusión de ficciones como Así nos ven sirve para que el público en general conozca estas situaciones. Las condenas erradas son un problema y una realidad en todo el mundo. Los casos que los medios no reflejan es como si no existieran”, explica Manuel Garrido, presidente y director de Innocence Project Argentina.
Las estadísticas muestran una realidad carcelaria que muchos desconocen. En Argentina, casi el 60 % de las personas privadas de su libertad en el Sistema Penitenciario Federal están bajo prisión preventiva. Unas 7800 personas que están presas sin condena firme en ese régimen, según los datos más recientes de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), organismo que tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el ámbito federal y controlar la actuación del Servicio Penitenciario Federal.
“Hemos visto varios casos de este tipo. Cuando detectamos un caso que podría ser de estos nos contactamos con Innocence Project Argentina, a partir del convenio que tiene la PPN. Ellos van a entrevistarlo, averiguan, buscan datos y, si lo consideran, siguen la investigación. Es muy grave que exista este tipo de casos, sea por errores en el proceso judicial o por armado de causas”, sostiene Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Adjunto.
LOS “ASÍ NOS VEN” ARGENTINOS
Las historias que vamos a repasar a continuación también son reales y algunas de ellas también fueron fuente de inspiración de películas y documentales. ¿Hay algún sistema jurídico que esté exento de errores en el juzgamiento de una persona? Me encantaría decir que sí, pero no. Son muchas las personas inocentes que fueron condenadas de manera injusta. Las historias de Fernando Carrera, Cristina Vázquez, Jorge González Nieva y Santos Clemente Vera son solo algunas de las que existen en nuestro país.
FERNANDO CARRERA
La conocida como Masacre de Pompeya ocurrió el mediodía del 25 de enero de 2005, cuando Carrera, que iba al volante de un Peugeot 205, atropelló y mató a dos mujeres y a un niño en Pompeya, pero, según él, sucedió mientras huía porque era perseguido por desconocidos que lo agredían y abrieron fuego contra su auto, provocándole heridas graves que lo dejaron inconsciente.
Los policías involucrados, que durante el hecho vestían de civil, aseguraron que Carrera era un ladrón que atropelló a las personas cuando escapaba de ellos, versión que fue usada por los jueces del juicio oral para condenarlo y enviarlo siete años a la cárcel.
Su caso se popularizó a través del cineasta Enrique Piñeyro, quien filmó el documental Rati Horror Show donde contó las arbitrariedades de la investigación que lo llevaron a estar preso por “robo agravado por su comisión con armas de fuego” y “homicidio culposo agravado por haber sido ocasionado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por la cantidad de víctimas” en concurso real con “portación de arma de guerra” sin licencia.
Después de las evidencias exhibidas en esa película, la causa se revisó y en octubre de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación absolvió a Fernando Carrera.
CRISTINA VÁZQUEZ
Fue condenada a cadena perpetua por el violento asesinato de su vecina, una señora mayor que vivía sola. Hace más de una década que está presa por ese crimen que todo demuestra no cometió, con un fallo viciado de inconsistencias que ahora espera una respuesta de la Corte Suprema de Justicia.
El caso empezó el 27 de julio de 2001, cuando Ersélida Dávalos de Insaurralde, una jubilada del Poder Judicial de Misiones, fue asesinada a golpes en la cabeza, presuntamente con un martillo, en su casa de Posadas. Se acusó a Cristina Vázquez de robar y matar a su vecina. Pero en la escena del crimen no encontraron huellas ni rastros que pudieran incriminarla (ni a ella ni a los otros dos detenidos). La única testigo que los involucró en la causa solo declaró una vez durante la instrucción, pero nunca amplió su versión ni tampoco se presentó en el juicio oral.
En 2008, sin pruebas ni testigos fehacientes, condenaron a Vázquez a prisión perpetua basándose en rumores cargados de prejuicios mientras la prensa misionera hablaba de ella como “la reina del martillo”.
“Fragmentos de una amiga desconocida” es el documental que hizo su amiga, la colombiana Magda Hernández, -que se estrenó el 11 de julio- y reconstruye cómo esa persona en apariencia normal es transformada en victimaria por un proceso judicial basado en rumores y prejuicios.
Indiana Guereño, presidenta de la Asociación Pensamiento Penal (APP), quien está investigando el caso, explicó: “Las series como Así nos ven son muy útiles para poder visibilizar los casos de errores judiciales, que los hay y lamentablemente muchos. En el caso de Cristina Vázquez la lleva a estar privada de su libertad hace más de una década siendo inocente, porque en la escena del crimen no hay ninguna prueba que acredite que ella estaba ahí, sencillamente porque estaba a diez kilómetros del lugar. Los documentales o las series nos permiten mostrar esta serie de errores y, a la vez, concientizar que esto le puede pasar a cualquiera”.
Ahora el expediente de Cristina Vázquez está en la Corte Suprema de la Nación y espera por esa decisión.
JORGE GONZÁLEZ NIEVA
Jorge trabajaba como taxista. Volvía de trabajar el 19 de julio de 2006 cuando fue detenido por la Policía bonaerense, acusado por el asesinato de una mujer durante una salidera.
Fue condenado en 2010 a 25 años de prisión por el crimen de Analía Aguerre, asesinada por motochorros el 24 de mayo de 2006 en Merlo. Ese día, la mujer había ido junto a su marido y una prima a retirar 11 mil pesos de un banco como parte de un crédito para comprar un auto. Los ladrones la siguieron y en la puerta de su casa uno de ellos le exigió la plata y le disparó en el pecho.
Su detención y condena están plagadas de problemas. Los policías que le detuvieron fueron condenados por encubrimiento, falso testimonio y tentativa de extorsión. El fiscal del caso fue suspendido de su cargo en 2017 por su actuación en este y otros procesos judiciales. Una de las coautoras del robo aseguró que él no participó del hecho. El testigo que supuestamente lo había identificado denunció que fue presionado por la policía para culpar a Jorge.
La sentencia fue apelada. Desde 2015 su caso está pendiente de resolución por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras espera, a González Nieva se lo priva de los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad.
SANTOS CLEMENTE VERA
Encarcelado en 2011, absuelto en 2014 y condenado a prisión perpetua en 2016. Desde ese momento, Santos Clemente Vera pasa los días en el penal de Villa Las Rosas, en la provincia de Salta, acusado de ser uno de los autores del “crimen de las turistas francesas” Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
Cassandre, de 29 años, y Houria, de 21, fueron encontradas violadas y asesinadas a tiros, el 29 de julio de 2011, en un paseo por la quebrada de San Lorenzo en la provincia de Salta, tras 14 días de búsqueda. Vera trabajaba como jardinero en un country cercano al lugar donde encontraron los cuerpos. “Muchas veces la presión mediática que se ejerce sobre la Justicia provoca que necesiten en lo inmediato la cara de un/a culpable sin la suficiente prueba que esto implica. En el caso de Las Turistas Francesas se comenzó a detener a las personas que vivían en el lugar. Curiosamente, en el country Buena Vista, que también está a metros del lugar donde encontraron los cuerpos, no hubo detenidos”, detalla Florencia Adorante, forense y asesora de Vera en la causa.
La investigación generó muchas controversias, a tal punto que nunca se pudo determinar con certeza la data de la muerte de las jóvenes. El caso llegó a juicio con tres imputados, pero solo uno de ellos, Gustavo Lasi, fue condenado. Dos años después dejaron sin efecto la absolución de Santos Clemente Vera y fue condenado a perpetua.
El caso de Vera está siendo analizado por la Corte Suprema desde agosto de 2017. La Fundación Innocence Project, que lo está asesorando pide que se repita el juicio o se vuelva al primer fallo que en 2014 lo dejó en libertad por el “beneficio de la duda”.
“Espero que la Corte Suprema haga lugar al pedido del Dr. José Vargas (defensor de Vera) y la Fundación Proyecto Inocencia, y se le permita realizar un nuevo juicio en donde se presente y analicen nuevas pruebas. O que se vuelva a la condena anterior del tribunal que en 2014 lo liberó por el beneficio de la duda. Clemente es un preso político, no existe razón para culpar a alguien por un análisis del “Cromosoma Y” cuando no lo incrimina categóricamente, no se le permitió realizar una contrapericia porque “perdieron la muestra” y solamente en un análisis dio positivo”, concluye Adorante.
+ OTRO CASO QUE LLEGA AL CINE
El deportista norteamericano Brian Banks fue condenado en 2002 a 10 años de cárcel por una violación que no cometió. Esa condena arruinó su prometedora carrera como futbolista, pero él descubrió la falsa denuncia de la mujer y usó la grabación como evidencia para probar que era inocente. El caso tomó gran trascendencia por el trabajo de Banks y su abogado para visibilizar el tema de las falsas acusaciones.
El caso de Banks fue llevado adelante por Innocence Project California y llega al cine en agosto.
Visibilizar estos temas a través de ficciones de gran alcance puede ser una vía para demostrar que ningún sistema jurídico está exento de errores a la hora de juzgar a una persona y que, como reiteraron varios de los entrevistados para esta nota, le puede pasar a cualquiera.
+ DATOS:
Innocence Project Argentina: organización internacional que se dedica a trabajar en casos donde, por error judicial o por causa armada, personas inocentes han sido condenadas injustamente a penas privativas de la libertad.
Asociación Pensamiento Penal: organización no gubernamental integrada por personas relacionadas al sistema penal —por su ocupación en la magistratura, defensorías, fiscalías, el ejercicio de la abogacía, la academia, estudiantes y personas privadas de libertad- interesadas, entre otras cosas, en la promoción de una administración de justicia moderna, ágil y eficaz, en sintonía con los postulados básicos del programa constitucional y con los requerimientos que formula la sociedad en tal sentido.
Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN): organismo que tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el ámbito federal y controlar la actuación del Servicio Penitenciario Federal.
POR LARISA SERRANO
